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Las zonas fronterizas

Las percepciones mexicanas durante la guerra

Por Jesús Velasco Márquez

Cuando el diplomático estadounidense John Slidell se fue de México en 1846 sin cumplir su misión —principalmente por la forma en que se habían hecho públicas sus credenciales y por la presión que la prensa mexicana había ejercido sobre su gobierno en oposición a la misión de Slidell— las fuerzas estadounidenses al mando del general Zachary Taylor avanzaban rumbo al río Bravo. Esta acción fue considerada una abierta trasgresión contra la integridad territorial de México (porque México durante mucho tiempo había considerado que el río Nueces era el límite de Texas) así como una violación del Tratado de límites del 12 de enero de 1828. Por lo tanto, la opinión pública mexicana reclamaba la protección de ese territorio, una postura respaldada por el gobierno de Mariano Paredes y Arrillaga. Esto condujo a los primeros enfrentamientos entre los ejércitos de Estados Unidos y México en Palo Alto y Resaca de la Palma. Después de estas batallas, el presidente estadounidense James K. Polk solicitó y consiguió que el Congreso declarara la guerra.

Cuando los mexicanos se enteraron de la declaración de guerra de Estados Unidos, la ocupación estadounidense de Matamoros y el bloqueo de los puertos mexicanos de Tampico y Veracruz, la prensa mexicana se cuestionaba si el gobierno estadounidense realmente buscaba la defensa de su territorio y la compensación de supuestas ofensas, como había manifestado el presidente Polk. Desde el punto de vista de México, el gobierno de Estados Unidos se estaba valiendo de esas excusas para tomar posesión de un territorio que legítimamente pertenecía a México.

La opinión general de los mexicanos era que México era una nación más débil que corría el riesgo de ser oprimida por Estados Unidos; por lo tanto, México luchaba por su supervivencia contra los actos ilegítimos de usurpación e injusticia. La guerra, según decían, había sido iniciada por Estados Unidos y México no había tenido más opción que defenderse.

En julio de 1846, el Congreso mexicano tomó una resolución en favor de la defensa nacional. Para entonces, la ocupación estadounidense de Nuevo México había comenzado y las fuerzas navales de Estados Unidos habían tomado posiciones estratégicas en California. En México, la opinión era no sólo que la justicia y la ley estaban de su lado sino que además la integridad y la seguridad de México estaban en peligro.

El 8 de agosto de 1846, el presidente Polk pidió que se asignaran $2 millones para comprar el territorio en disputa, así como California y Nuevo México; esto deja en claro que su verdadero objetivo al declarar la guerra a México era adquirir territorio. Cuando el proyecto de ley de la asignación presupuestaria de Polk se conoció en México, el periódico El Republicano comentó que las declaraciones realizadas por el gobierno estadounidense probaban que el verdadero objetivo era tomar más territorio de México y que una guerra iniciada con esa intención era injusta y salvaje y sus promotores debían ser considerados enemigos de la humanidad.

El 3 de marzo de 1847, el Congreso de Estados Unidos aprobó, después de un largo debate, un proyecto de ley por el que se asignaban $3 millones de dólares para permitir que el presidente concluyera un tratado de "paz, límites y fronteras" con México. Un mes más tarde, Nicholas P. Trist fue designado comisionado estadounidense para negociar con las autoridades mexicanas. Para entonces, una nueva ofensiva al mando del general Winfield Scott había comenzado a invadir el territorio comprendido entre el puerto de Veracruz y la Ciudad de México. Nuevamente, la opinión de México, compartida por el público y el gobierno, era que México no debía firmar una paz ignominiosa. Aun después de que tuvieron lugar las primeras comunicaciones entre Trist y las autoridades mexicanas, y pese a todas las derrotas militares que habían sufrido las fuerzas de México, El Diario del Gobierno del 8 de julio de 1847 decía:

[La paz] que ahora podría acordarse entre la República Mexicana y la de Norteamérica sería humillante para la primera, y le ganaría, en los años venideros, la deshonra entre el resto de las naciones, así como males internos de tal magnitud que México pronto se convertiría en escenario de guerra y desaparecería del grupo de los pueblos libres e independientes.

Después de la Batalla de Churubusco, cuando se hizo evidente que la resistencia armada era fútil, la opinión pública mexicana comenzó a inclinarse hacia un final de la guerra negociado, pero nunca aceptó que la guerra hubiera sido justa. Los mexicanos siempre consideraron que peleaban por su integridad territorial y su seguridad nacional en contra de la expansión territorial injusta de Estados Unidos. También algunos periodistas y dirigentes políticos mexicanos, particularmente los moderados y los conservadores, enfatizaron las diferencias culturales y religiosas de México y Estados Unidos. Así pues, veían a la resistencia mexicana como una defensa de la cultura católica y latina en contra de la invasión de los anglosajones protestantes. Finalmente, desde un punto de vista legal, la opinión pública mexicana durante toda la guerra —inclusive después de la firma y aprobación del Tratado de Guadalupe Hidalgo— sostuvo que México había defendido los principios de la ley internacional y que la invasión de Estados Unidos había sido una guerra de conquista.